El colectivo afronta situaciones de vulnerabilidad en México agravadas en el contexto de la crisis sanitaria
Ciudad de México | 17 de noviembre de 2021
Ruth Veloz no supo qué contestarle a su nieto, Erick. Un día, tras recogerlo de la escuela, le contó algo: “Un chiquillo me dijo que a mi mamá la mataron”. Lo primero que se le ocurrió fue relatarle que había tenido “un accidente”. Y el tema se le olvidó al pequeño, describe la mujer. Aún no le ha explicado que sucedió. Han pasado casi dos años del feminicidio de Argentina, la hija de Veloz. Dos años desde que la abuela se hizo cargo de Erick, de 11, y de su hermano César, de 15. Dos años en los que ha buscado obtener justicia con su asesinato, mientras lucha por sacar adelante a los jóvenes. Las personas menores de edad son las víctimas invisibles de estos crímenes: los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos a causa de la violencia de género en México.
Distintas organizaciones denuncian que este colectivo enfrenta diferentes situaciones de vulnerabilidad, mismas que han sido agravadas en el contexto de la crisis sanitaria del covid-19. Entre algunos aspectos, alertan sobre la falta de atención adecuada por parte del Gobierno para brindarles asistencia psicológica y apoyos para su educación, incluso antes de la llegada del virus. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reportó que en México, en 2019, se identificaron 796 casos de niños en estado de orfandad por esta condición, pero sus cifras solo abarcaron datos de 26 de las 32 entidades federativas del país que les dieron respuesta. El número preciso, y el problema, podría ser mucho mayor.
Veloz, de 54 años, reside con sus nietos en San Pedro de las Colonias, en el estado de Coahuila. La mujer resalta que desde que asumió sus cuidados buscó ayuda con las autoridades. Hizo peticiones en varias dependencias gubernamentales, menciona, sin mucho éxito: “Me ponen trabas”. César, el mayor, acude una vez por semana a una terapia, pero es un servicio particular. La señora afirma que hasta hace poco la llamaron de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF). “Apenas hace como un mes [en junio] le llegó el apoyo a ambos. Después de dos años”, remarca.
Sandra Soto, de la organización Huérfanos por Feminicidio, detalla que cuando una mujer es asesinada sus hijos pasan a un “estado de desprotección total”. Los factores son varios, señala. En ocasiones, pierden a sus dos sustentos económicos: a la madre, pero también al padre, quien llega a perpetrar el crimen. En el ámbito emocional, opina que no suelen ser atendidos psicológicamente de forma correcta. Y por último, asegura que quedan en una situación jurídica inestable sin un responsable de la custodia. “Son las personas más inocentes y quienes sufren los mayores daños colaterales”, añade.
La pandemia ha acrecentado las preocupaciones de quienes adquieren la responsabilidad de sus cuidados: en numerosos casos son las familias maternas, en especial las abuelas. Ellas, muchas adultas mayores, deben lidiar con el duelo de una pérdida, pero también con la incertidumbre de quién quedaría a cargo de sus nietos si fallecieran, en especial por su vulnerabilidad frente al coronavirus, apunta Soto. La activista dice que se ha enterado de casos de abuelos que no han tenido de otra más que salir a trabajar en los últimos meses: “Se las han visto difíciles, unos más que otros. Varios de ellos ni son pensionados. Es gente que vive al día o mujeres que se quedan solas con sus nietos”.
Los cuidados en el hogar
Veloz contrajo de nuevo el papel de madre. Con ello, esos trabajos domésticos que no son remunerados —y tampoco reconocidos, en ocasiones—, denominados por algunas organizaciones como “invisibles”. Es trabajadora del hogar; compagina su empleo con las labores con sus nietos bajo su techo. Los levanta a las 9 de la mañana. Hace un poco de ruido antes de irse. Les indica que revisen qué cosas les dejaron sus maestros de pendientes. Una hija suya les prepara de comer. Y vuelve, a proseguir con estas tareas: “Dios me puso esta misión, educarlos y que sean unos hombres de bien”.
Casos como el de sus nietos, Erick y César, se repiten en varias zonas del país: son el de miles de niños que han perdido a su madre en México, donde fueron asesinadas tres mujeres en promedio cada día, en 2020, en delitos tipificados como feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Los menores de edad en estado de orfandad son las personas más inocentes y quienes sufren los mayores daños colaterales”
Sandra Soto
La directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Friné Salguero, declara que el trabajo doméstico, en general, es esencial para el sostenimiento de la vida, de la reproducción y de la sociedad. En México, las mujeres son quienes efectúan el 80% de estas tareas, de acuerdo con estimaciones del ILSB. Pero no solo es el desequilibrio en la división de las labores, también son las horas invertidas: hasta 30 a la semana en las actividades no remuneradas. “Las que se insertan en la vida económica, esto no les ha quitado, digamos, la carga que tienen que desempeñar en sus propios hogares. Y eso provoca las dobles y las triples jornadas en el uso del tiempo de las mujeres”, estima.
Los datos disponibles arrojan un poco de claridad sobre quiénes se hacen cargo de los huérfanos de los feminicidios. Al menos, unas cifras difundidas por el centro de documentación de Inmujeres sobre el estado de Sinaloa, en 2010. Ante la pérdida de la madre, quedaron bajo el cuidado, principalmente, de los abuelos maternos (76%), seguido de los tíos maternos (9%), los tíos paternos (3%) y del padre (3%).
Salguero enfatiza que la pandemia ha causado una reconfiguración en la carga de estos cuidados en las mujeres. La suspensión de las clases presenciales en varios niveles escolares propició que tuviesen que absorber nuevas tareas como estar al pendiente de sus colegios, o una intensificación en las labores, también, al convivir más tiempo con sus familiares en casa ante el cierre obligatorio de negocios y los confinamientos voluntarios.
La directora del ILSB plantea que muchas de ellas han tenido que abandonar sus empleos o disminuir las cargas laborales para hacerse cargo de los dependientes en el hogar. “Todo ese trabajo y los nuevos roles que ahora implica ser maestra, como decirle a los niños qué hacer u organizar actividades lúdicas, recaen nuevamente en la mala distribución del cuidado doméstico sobre los hombros de las mujeres”, reflexiona.
La desatención por parte del Gobierno
Aglae Méndez cree que ha habido una desatención por parte de las autoridades en el caso de sus familiares. Buscan constantemente ayuda para Jorge y Leonardo, de 12 y 10 años. Su madre, Elizabeth, sobrina de Méndez, fue asesinada en febrero del año anterior en San Martín Texmelucan (Puebla). Su expareja cometió el feminicidio y está todavía prófugo. A los niños les iban a dar terapia por parte la Fiscalía del estado, pero les han cancelado las citas una y otra vez a causa del coronavirus: optaron por un programa privado. “Entre la familia hemos hecho alguna colecta, hemos apoyado de la manera en que hemos podido comprándoles ropa, zapatos, útiles, en fin, todos los gastos”, zanja.
Varias de las fuentes entrevistadas para este reportaje coinciden en destacar los avances en la materia del estado de Coahuila, al norte del país: excepción que ya cuenta con un programa de apoyo a víctimas indirectas por la violencia feminicida en su territorio.
En noviembre de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fue a la comunidad de Tlaxcalantongo, en el municipio de Xicotepec. Méndez congregó a algunos familiares que fueron con un escrito dirigido al político. Lograron acercarse al mandatario. “Sí se frenó a escucharnos pues fuimos con pancartas, lonas, gritando”, admite. La noticia fue retomada por varios medios de comunicación locales. “Era lo que nosotros deseábamos, que nos oyeran, que vieran que no nos están haciendo caso, que los niños necesitan atención”, valora.
Un mes después, un funcionario de la Secretaría de Gobernación de México, presidida entonces por Olga Sánchez Cordero, se puso en contacto con la mujer. Le dijo que se comunicaba con la familia por instrucciones de la responsable de la dependencia.
–Queremos saber cómo podemos ayudar.
–Todo está en el escrito, lo que buscamos es un apoyo.
Los objetivos de la familia son que les den atención a los niños, que no se les revictimice y que sigan las investigaciones para capturar al asesino. Les ofrecieron un apoyo económico, entregaron la documentación, pero la ayuda no ha llegado hasta el momento.
Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), tilda de insuficiente la atención facilitada por parte de las autoridades. “El Estado les ha fallado por décadas”, juzga. En cuanto al apoyo de terapias psicológicas, se atreve a decir que “es nulo”. “El tema de la atención psicoemocional es algo que se deduciría que está garantizado. O sea, que cuando hay un delito, y más de este tipo, que las niñas, niños [y adolescentes] tendrían atención por parte del Estado. Pero esto no es así”, evalúa Pérez, que también es directora de la organización Justicia Pro Persona.
Entidades de la sociedad civil advierten que estas niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad padecen diversas situaciones de vulnerabilidad en México que complican salvaguardar su integridad y derechos conforme al interés superior de la niñez. Algunas organizaciones como Los Machos nos Matan en México o Huérfanos por Feminicidio han repartido despensas a los familiares de las víctimas que han atravesado un panorama financiero complejo en los últimos meses. La pandemia ha golpeado fuertemente la economía de muchas personas, pero la solidaridad de los colectivos no se detiene.
Las custodias, en el limbo por el virus
La crisis sanitaria paró al mundo entero. Y con esta pausa, el poder judicial también demoró sus actividades. En marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió sus labores hasta agosto del año anterior; solo se pudieron celebrar audiencias “de carácter urgente”. En el caso del Poder Judicial de la Ciudad de México, por ejemplo, interrumpió nuevamente sus tareas durante algunos meses este año.
Ana Karen Flores, abogada especialista en derecho familiar, profundiza en algunas de las complicaciones que ha detectado en los casos de custodias en meses pasados. Una de ellas es el retraso de los procesos legales. “Si hay tres audiencias que desahogarse, con suerte se desarrolla la primera. Las están reagendando dos, cuatro, incluso seis meses”. Otro punto, manifiesta, es que se han traspapelado o archivado expedientes. “Se ha sobrecargado por los asuntos nuevos y los pendientes que ya tenían. Los poderes judiciales no se dan, por decirlo así, abasto con la carga de trabajo”, recalca.
“Algunos asuntos se han quedado paralizados por la pandemia”
Ana Karen Flores
Los huérfanos de los feminicidios, en muchos de casos, se quedan en custodia de los parientes de los presuntos criminales. O del propio asesino, quien la reclama como parte de sus derechos de paternidad, de acuerdo con un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). Los argumentos que influyen en esto, se lee en el documento, a veces surgen “de las propias autoridades”, quienes consideran que dichas familias tienen mayores recursos económicos que los abuelos maternos.
La CDHCM alega en el texto que las autoridades responsables de los casos, desde una errónea comprensión de la familia, les niegan la custodia a los abuelos maternos por esa situación. “En muchas ocasiones, los parientes de las víctimas están tan sobrepasados en exigir justicia, en protegerse de la violencia institucional y en el duelo que no tienen tiempo ni recursos para pedir la custodia de sus nietos”, dice el informe.
Flores expresa que debido a la emergencia sanitaria ha habido fiscalías donde el acceso a los servicios ha sido mediante citas o a través de portales electrónicos. “Dificulta que las personas quieran interponer una denuncia. No saben cómo hacerlo”, matiza. Varios individuos tampoco tienen las herramientas necesarias, dispositivos móviles o internet, sostiene. Y con ello, se van retrasando los tiempos de espera. “Algunos asuntos se han quedado en el límite. Estancados por lo mismo de la pandemia”, agrega la abogada.
El año pasado, 948 mujeres fueron asesinadas en el país. Casi un millar de vidas arrebatadas por la violencia machista. Ningún estado tuvo saldo blanco. Las entidades con más casos de presuntos delitos registrados solo como feminicidios, en carpetas de investigación iniciadas, fueron el Estado de México (15.8% del total), Veracruz (8.3%), la Ciudad de México (8%), Jalisco (7.1%) y Nuevo León (7%), según el SESNSP.
El protocolo de atención, meses de espera
A mediados de 2019, la titular de Inmujeres, Nadine Gasman, informó que se enfocarían con las fiscalías estatales en la creación de un padrón de huérfanos por feminicidios en el país. En una entrevista con el diario La Jornada, puntualizó que se está documentando cuántos hay, dónde están y qué tipo de atención están percibiendo, si es el caso.
Otra historia es la del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF). Inmujeres, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) exhibieron parte de su contenido en un avance, en 2020. Luego, poco se supo del tema por meses. Organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa o Nos Queremos Vivas alzaron la voz a inicios de año; demandaron que se publicase lo antes posible en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Gobierno anunció, en una nota de prensa, que Inmujeres, en colaboración conjunta con los ámbitos federal, estatal y municipal, afinaría el protocolo para exponer su formato final. Pero esto no fue así. Una fuente de comunicación social de la institución aclaró que el borrador fue derivado finalmente al DIF para que hiciesen la adecuación de todos los marcos jurídicos de las entidades. Aseveró que ellos realizarían una última versión y que se estaba a la espera de que fuese publicado para su implementación en todo el país.
El Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el DIF, Oliver Castañeda, corroboró por su parte que el texto fue remitido a la dependencia. “Se ha autorizado en el seno de la junta de gobierno del DIF. Y a la vez aprobado, empezó un proceso de revisión previo a su publicación”, reveló, en entrevista telefónica. Castañeda garantizó, además, que este tipo de iniciativas fortalecen la coordinación de las instituciones en la materia: “Básicamente, el tema es encontrar todavía una mejor articulación para actuar y tener esta capacidad mayor de respuesta para ofrecer los servicios básicos que requiere cualquier persona que se encuentre en esta situación”.
Mientras se ultimó, las víctimas de feminicidios continuaron en aumento en México, que no rompe con la espiral de violencia en la que está sumido desde hace varios años. En el primer semestre de 2021, estos crímenes se incrementaron el 3.77% en el territorio nacional, con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del SESNSP. De enero a junio, 495 mujeres fueron asesinadas por razón de su género.
Para la creación de este reportaje, se buscó —a través de diferentes canales de comunicación digitales— gestionar una conversación con la actual titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano. En su etapa anterior, en Inmujeres, fue una de las impulsoras del protocolo, según se observa en su semblanza en un sitio web del Gobierno mexicano. Sin embargo, hasta la fecha de divulgación del texto no se pudo concretar una entrevista.
El PNNAOF fue publicado en el DOF, finalmente, el 4 de agosto pasado. Su objetivo es aportar elementos que orienten la intervención del personal encargado de la protección de este colectivo. Entre algunos puntos, se hace hincapié en generar una coordinación institucional para la atención de los casos, en guiar su acompañamiento psicológico y socioeducativo, y en proveer asesoría legal sobre procedimientos judiciales a familiares.
El año pasado, 948 mujeres fueron asesinadas en México
Margarita Alanís, de 63 años, narra su historia. A finales de 2016, su hija Campira fue a visitarla con sus nietos a Acapulco (Guerrero), donde ella radica. Campira volvió antes a la Ciudad de México, la capital. “Vino aquí a pasar la Navidad. Yo le iba a llevar a los niños después, fue cuando la asesinaron”, recuerda. Desde hace tiempo, tiene a su cargo a Vladimir y Alexa, que llegaron a su hogar con 12 y 2 años, respectivamente. “No fue nada fácil. Tuve que recomenzar como si tuviera otra vez hijitos”, comenta.
La mujer y su esposo mantienen a sus nietos principalmente con recursos propios. Se han aferrado a proporcionarles una escuela privada. Tienen una pequeña pensión. También, unos departamentos que rentan, pero ella confiesa que ha vivido una racha —de tres años— donde se le han ido inquilinos de las propiedades debiéndole grandes cantidades de dinero. Le vendió una casa a una amiga, a plazos reducidos, en Chalco (Estado de México). “Tengo unas deudas económicas muy grandes. Para terminar de pagar el colegio tuve que dar tarjetazos, solicité tres tarjetas de crédito”, lamenta.
En el caso de Vladimir, toda la atención psicológica ha sido privada. Con Alexa, se mudó un año escolar a la Ciudad de México; allí, ambas sí recibieron terapias, durante un periodo, por parte de las autoridades. Además, les daban cubetas con comida. Pero todo eso se acabó cuando regresaron a vivir a Acapulco. Se queja de que luchó bastante para acceder a una beca. Finalmente, en agosto de 2020, a sus dos nietos les otorgaron la Leonora Vicario, un apoyo mensual del Gobierno capitalino: por cada uno le dan 832 pesos. Lo positivo, califica, es que llega puntual. Lo negativo, que es “poco dinero”.
“Yo había hecho planes de vida con mi esposo. Hasta de una casa de descanso, un lugar donde nos cuidaran. Cuándo íbamos a pensar que nosotros tendríamos que cuidar niños…”
*Reportaje publicado en el libro 'Violencia criminal y coronavirus. Miradas desde el periodismo de investigación'. El texto fue posible gracias a un curso de El Colegio de México (Colmex) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
