En lo que va de pandemia, Perú no incluyó a la población venezolana en la lista de beneficiarios de sus programas sociales ni en las medidas de reactivación económica, y deshabilitó el sistema de solicitudes de refugio
Lima | 18 de abril de 2021
En Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú las fronteras se mantienen cerradas. La medida no es aplicable a la importación y exportación de mercancías, sino que impide la movilidad de las personas. Por cierto, estos territorios limítrofes, por la crisis humanitaria de Venezuela, conforman el corredor migratorio más grande de América del Sur.
Si bien, entre septiembre y noviembre del año pasado, las cuatro naciones autorizaron el reinicio de los vuelos comerciales; en sentido opuesto, por tierra, recrudecieron sus bloqueos y militarizaron sus fronteras.
Odisea
“Este viaje es lo que uno no cree”, detalla José Macario Briceño, técnico químico de laboratorio que nació en la Venezuela de los cincuenta, cuando el militar Marcos Evangelista Pérez Jiménez dirigía al país tras un golpe de Estado. En su Gobierno, inclinado hacia la derecha, impulsó la creación del Banco Exterior y otorgó generosas concesiones petroleras, por mencionar un par de sus atenciones con los inversionistas extranjeros. “He visto muchas, muchas caras de Venezuela y esta, más bien, no lo voltea a ver a uno”, comenta Briceño.
Por su municipio natal, Valera, en el estado de Trujillo —al noreste del país— corren vientos de la cordillera andina. Desde ese lugar, a unas 9 horas en coche hacia el este, se llega a Caracas; pero si se maneja entre 9 y 10 horas hacia el oeste lo que hay es la frontera con Colombia.
En octubre del año pasado, ocupó ocho días enteros para atravesar, por vías alternativas, buena parte de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú para reunirse con su hija en Lima.
“A veces comía una sola vez al día, o cenaba nomás y a seguir. Una odisea grave”, recuerda Briceño. En Venezuela, con la ayuda de un individuo, burló los retenes limítrofes y caminó cerca de seis kilómetros al filo de la carretera para pasar la frontera. Perdió dinero por un guía falso, en Colombia. En Ecuador, atravesó en balsa un río con corriente crecida; y en Perú, para ingresar al departamento norteño de Piura, se metió en la cabina (compartimiento trasero) de una camioneta de pie con una treintena de personas. Aguantó por más de dos horas los vaivenes que la gravedad y una trocha (camino de tierra) provocan en los cuerpos en pie. “Golpes para allá, golpes para acá. Adentro, encerrado en esa cava [pickup] veníamos unos encima de otros, sin asientos, con maletas y con niños. Fue fuerte”.
Briceño relata que el viaje a Lima ya “fue suave”, en un bus. Además, expone que con el precio del guía, en el lado peruano, venía incluido un seguro, más bien un pacto, de que nadie les pediría ningún documento en el trayecto, y así fue.
“Yo gasté cerca de 300 dólares en pagar esto: el autobús, los transportes, los guías, las trochas. En las alcabalas [retenes] donde nos detenían, entre todos recogíamos [dinero] para darle algo a los efectivos militares que había antes de llegar a la frontera”.
Con suerte, es posible conseguir vuelos baratos de Venezuela a Perú, solo la ida, sin retorno, por unos 400 dólares. La parte difícil, por el contexto de la emergencia sanitaria, es encontrar abiertas las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Por esta vía, la aérea, es requisito indispensable tener el pasaporte venezolano, uno de los más caros del mundo: su costo supera los 200 dólares.
Luego, como dice Briceño, hay que encomendarse para obtener el documento a tiempo: “Yo tengo conmigo la cédula de identidad de Venezuela, más nada. Sacar los otros documentos era imposible. Me pedían dinero, pero de paso no trabajaban las oficinas cuando yo me vine”.
No hay cifras exactas de cuántas personas procedentes de Venezuela han ingresado por caminos no vigilados a Perú. Pero hace unos días, la Superintendencia Nacional de Migraciones concluyó un prerregistro con el que prometió su regularización masiva. Más de 360 mil ciudadanos extranjeros solicitaron acogerse, aunque esta cantidad se queda corta de acuerdo con estimaciones sobre el total que reside en el territorio.
“En todo momento, uno viene estresado, con miedo de que lo agarren, que lo deporten y se pierda todo el esfuerzo hecho”
José Macario Briceño
“En todo momento, uno viene estresado, con miedo de que lo agarren, que lo deporten y se pierda todo el esfuerzo hecho. Es una incertidumbre para poder llegar”, apunta. Instalado en Perú, a Briceño le diagnosticaron cáncer en la zona cervical. Sin un documento de identidad válido no puede acceder a un seguro de salud.
Desautorizaciones
La Ley de Extranjería de Perú está basada en un modelo restrictivo. La población migrante que ingresa sin pasaporte no tiene permiso para firmar documentos. Tampoco pueden casarse, hacer negocios o registrar propiedades o posesiones. No tienen acceso a una cuenta de ahorros y, con ello, no son capaces de realizar ni recibir transferencias inmediatas —ahora, cuando crece el uso de la banca digital—. Están desautorizados para tener una línea de telefonía móvil. Además, les es imposible pedir a nombre propio préstamos en casas de empeño, microfinancieras o cualquier institución bancaria a falta de expedientes crediticios, o bien, por no tener cómo comprobar su residencia permanente o su proyección de estadía.
No están legitimados para exigirle al Estado el reconocimiento de ningún derecho, por más fundamental que sea, y sus trabajos no gozan de formalidad, tampoco sus arrendamientos de vivienda: del primero pueden ser despedidos arbitrariamente y del segundo, desahuciados.
No tienen la opción de recibir constancias de estudios o convalidar sus títulos profesionales. No califican como iguales ante la ley ni gozan de libertad de movimiento en el territorio nacional, ni de la libertad de patentar sus creaciones artísticas o invenciones. En resumen, no tienen derecho a la identidad. Y, sin identidad válida o reconocible por Perú, no pueden acceder a los servicios gratuitos y universales de salud, como Briceño.
En estos casos, de acuerdo con el manual de orientación legal que elaboró la Clínica Jurídica Pedro Arrupe y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), junto con otras entidades, las opciones para adquirir reconocimiento de estadía se limitan a tramitar el refugio, la reunificación familiar (para parientes de quienes ya han recibido esta protección) o acreditar una de las excepciones de la Calidad Migratoria Especial Residente por extrema vulnerabilidad. Esta última incluye a mujeres embarazadas, menores no acompañados, víctimas de violencia sexual, familiar o trata, personas con discapacidad, adultos mayores o gente con enfermedades graves.
Con un documento de solicitante de refugio se puede trabajar formalmente y la Calidad Migratoria Especial Residente se traduce en un carné de extranjería, algo que habilita todos los derechos para ciudadanos de otros países.
Vigencia perdida
Analí Briceño, coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe, quien tiene contacto directo con extranjeros y refugiados, explica: “Ahora hay poco más de 200 mil personas con documentos regulares por completo. Otras 800 mil, o posiblemente un millón, están en situación irregular”.
Esa cifra se puede descomponer en tres grupos: los solicitantes de refugio en evaluación —más de 490 mil, de acuerdo con la plataforma R4V—, quienes, hasta hace un año, tenían un permiso temporal de permanencia (PTP), y las personas que nunca han tenido documentos autorizados.
En contexto, el PTP solo lo obtuvieron quienes ingresaron a Perú hasta antes del 31 de octubre de 2018. Sus beneficios eran, básicamente, residir y trabajar de manera formal dentro del país. Un dato importante es que la fecha de caducidad de este documento se fijó por un periodo máximo de un año. En algunas instituciones se permitió la presentación de esta credencial para abrir cuentas bancarias.
La ruta que Migraciones trazó, en 2019, para que estas personas ascendieran un peldaño en la cruzada por la identidad en Perú suponía que el siguiente paso era solicitar la Calidad Migratoria Especial Residente. Con esta, al fin se les reconocería su residencia y se les daría un carné de extranjería con el que podrían acceder a ciertos derechos y obligaciones. Por ejemplo, la firma, la formalidad y los impuestos, pero también resultaba un pase directo al Sistema Integral de Salud (SIS). El seguro gratuito del Estado cubre más de mil enfermedades y siete tipos de cáncer.
“A algunos se les pasó el tiempo por malentendidos, y otros no hicieron el cambio porque no tenían recursos”
Analí Briceño
Pero, como refiere la coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe, “a algunos se les pasó el tiempo por malentendidos, y otros no hicieron el cambio porque no tenían recursos”.
El tercer grupo, el que nunca ha contado con documentos autorizados, comenzó a crecer en 2018. Perú exigió a los venezolanos presentar sus pasaportes en los controles migratorios de entrada. Antes, por el convenio internacional del Mercado Común del Sur (Mercosur), los ciudadanos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela podían ingresar a cualquiera de estos países con solo exhibir su cédula de identidad.
Es decir, si José Macario Briceño hubiera emprendido su viaje hace tres años, su posición sería otra. “Aquí estamos, en la lucha”, señala. El informe médico que posee está membretado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) por una consulta onerosa. Es un hospital público, pero también se puede acceder a sus servicios pagando. “Estamos en proceso de exámenes y reuniendo el dinero” —agrega—. “Hay que llevar todos los cobres primero. Ha sido difícil conseguirlos, porque de paso tenemos que pagar alquiler y comida. Se reúne lo que podemos, ahí vamos”.
La hija de Briceño ya tiene carné de extranjería y trabaja de forma independiente. Calcula que el costo del tratamiento de su padre asciende a los 2 mil dólares, el equivalente a ocho salarios mínimos mensuales peruanos. De acuerdo con un estudio socioeconómico de la población venezolana, realizado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, estas personas reciben ingresos inferiores al mínimo legal, por más horas de trabajo.
Solo el carné de extranjería da pase a los servicios del SIS. No es posible con el PTP y tampoco con el documento de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), la autorización más reciente. Aun así, no se le niega la atención gratuita, por un periodo, a mujeres embarazadas y a pacientes con síntomas de covid-19, sin importar su estatus de residencia. Hace unos días, el Gobierno anunció que todos los adultos mayores de 80 años recibirán la vacuna del coronavirus “sin importar su calidad migratoria”.
Concesiones y posibilidades
La medida de Perú de exigir el pasaporte a las personas venezolanas fue criticada por organismos internacionales y asociaciones civiles, incluso por la Defensoría del Pueblo. Después de algunas disputas y recomendaciones, el Estado concedió que estas identificaciones no tuvieran necesariamente que estar vigentes a la hora de presentarlas.
El pasaporte es un documento de difícil acceso. De acuerdo con Nancy Arellano, presidenta de la fundación Veneactiva, más de la mitad de venezolanos que ha ingresado a Perú lo ha hecho sin papeles. “Nos preocupa, porque quiere decir que el documento de identidad que poseen solo se emite en Venezuela y que no tiene validez internacional”.
En la frontera, menores no acompañados, adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad, mujeres embarazadas y solicitantes de refugio están exentos de presentar dicho documento. Pero si un caminante con cualquiera de estos perfiles se acerca buscando asilo, no encontrará quien reciba su petición y la evalúe. Las fronteras continúan cerradas.
José Macario Briceño, pese a ser parte de la población mayor, no tenía otras opciones más que ingresar “por trocha”. Una vez dentro del territorio, las personas pueden solicitar el reconocimiento de su situación de extrema vulnerabilidad. Sin embargo, por la crisis sanitaria, la espera está siendo larga: hace dos meses que envió sus documentos al correo habilitado para esto (extranjerovulnerable@migraciones.gob.pe) y lo único que ha obtenido es el acuse de recepción.
El panorama puede ser más complejo. Tanto la Clínica Jurídica Pedro Arrupe como Veneactiva han revisado casos de extranjeros que, teniendo sus documentos en orden o con visas (visados), no pueden ingresar al país de destino, incluido Perú. Esto por no contar con todos los sellos de control migratorio de las naciones que atravesaron. Un efecto colateral del cierre y la militarización de las fronteras del corredor.
“Falta articulación [coordinación] sincera por todo el corredor. Las personas están cayendo en una situación de irregularidad teniendo los permisos habilitados. Por ejemplo, hay quienes tienen la visa de responsabilidad democrática para Chile, pero no se les da ingreso en Ecuador”, zanja Arellano. En sus palabras, el país ecuatoriano ha sido un gran problema a pesar de que ahí se suscribió la instancia de Quito.
“Hay que reconocer que hablamos de dos crisis sin pugna: la de la pandemia y la humanitaria venezolana”
Nancy Arellano
Esta declaración supuso el compromiso de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica y México de “dar respuesta a la crisis humanitaria venezolana”. Algo parecido se observa en la suspensión de Venezuela en los convenios del Mercosur, en el que se acordó que la población no sufriría los efectos negativos de la decisión.
“Hay que reconocer que hablamos de dos crisis sin pugna: la de la pandemia, que requiere una respuesta por parte los Estados y la humanitaria venezolana, que trasciende a las fronteras y que convoca a una solución coordinada”, considera Arellano. La representante de Veneactiva enfatiza en que la crisis venezolana tiene los mismos efectos que una pandemia: “Atenta contra la vida humana y las personas buscan sobrevivir”.
Prerregistro migratorio, una posibilidad
El prerregistro de Migraciones, que prometía una regularización masiva, y recién concluyó, procede de un decreto excepcional que publicó el Gobierno de Perú a finales de 2020. Con él se creó un nuevo carné, que, en alcance, es idéntico al PTP: un año de vigencia y sin derecho a afiliación al SIS.
En opinión de Analí Briceño, de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe, se trata todavía de una muestra de buena voluntad por parte del Gobierno peruano, aunque, en la lógica de la sociedad civil organizada, aclara, no se comparte que “como siempre, sea una mirada a corto plazo”.
Arellano se suma a esa opinión y añade que, aunque se plantea como una oportunidad de mejora, este Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) representa un retroceso para quienes ya tenían el PTP. “Después del PTP se podía hacer el cambio de calidad migratoria y así tener, al fin, un carné de extranjería”.
A falta de respuestas, José Macario Briceño se inscribió al prerregistro como segunda vía para regularizar su situación. Pero, con este carné, no podría acceder aún a los servicios del SIS. Con el CPP, Migraciones, una vez más, abre un nuevo ciclo de estrés para quienes han ingresado al país después del 7 de abril, el día límite de inscripción.
La condición de los extranjeros en Perú es una decisión del propio Estado. En un repaso de lo que va de la emergencia sanitaria, este no incluyó a la población migrante en la lista de beneficiarios de sus programas sociales, ni en las medidas de la reactivación económica. Además, con la justificación de la pandemia, deshabilitó el sistema de solicitudes de refugio desde octubre del año pasado.
Un nuevo grupo se acumula. Se estima que cada día entre 200 y 500 personas ingresan a Perú sin pasar por controles migratorios. Esto supone, además, un riesgo por la pandemia: el virus no pide documentos para pasar de un país a otro.
