De las más de 300 muertes registradas entre 2017 y 2022, la policía lusa tan solo ha investigado seis. La gran mayoría han sido atribuidas a causas naturales, pero las familias y organizaciones de derechos humanos denuncian maltratos y pésimas condiciones
Lisboa | 22 de marzo de 2023
Alice Santos supo que algo no iba bien cuando su hijo Danijoy no la llamó desde la cárcel a primera hora de la mañana. Era el miércoles 15 de septiembre de 2021. La preocupación de la madre fue en aumento a medida que pasaban los minutos, hasta que, finalmente, el teléfono sonó. Eran las 11:25 horas.
—¡Amor mío! ¿Por qué me llamas tan tarde?
Nadie respondió.
—¿Joy? ¿Joy?
—No soy Danijoy —contestó finalmente una mujer antes de hacer una nueva pausa—. Su hijo ha muerto esta madrugada.
Este fue el inicio de un periplo de un año y medio en el que la familia de Danijoy Pontes, un joven de 23 años originario de la excolonia portuguesa de Santo Tomé y Príncipe, ha estado luchando incansablemente por conocer la verdad sobre lo ocurrido aquel día. La historia tuvo un nuevo episodio a finales del pasado febrero con la publicación de las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial lusa (PJ), que atribuyó la muerte del recluso a un ataque cardíaco ocurrido por causas naturales. Sus allegados, sin embargo, consideran que todavía hay preguntas sin respuesta y se muestran firmes en su convicción de que murió debido a los malos tratos sufridos dentro de la cárcel. Esa misma noche, otro preso falleció en el mismo sector.
Restos de medicamentos
Poco después de la muerte de Danijoy, su madre se desplazó al Instituto de Medicina Legal y Forense para ver el cuerpo de su hijo, pero los responsables del centro se lo impidieron alegando que la autopsia todavía no había concluido. También le dijeron que necesitaba un abogado antes de poder reconocerlo, algo que consiguió dos semanas después del fallecimiento gracias al apoyo económico de la embajada de su país y de organizaciones sin ánimo de lucro. “Solo conseguí enterrar a mi hijo 26 días después de su muerte”, lamenta Santos, poco antes de dar otro sorbo a su café en un bar de la periferia de Lisboa.
El resultado de la autopsia mostró restos de medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos en el cuerpo de Danijoy, a pesar de que su familia nunca tuvo conocimiento de ningún problema de salud. Su madre recuerda que, tan solo dos meses antes del fallecimiento, le hicieron estudios para comprobar si tenía alguna patología creada por un problema de adicción a las drogas, con resultado negativo. “Después de la muerte me dijeron que Danijoy tenía encefalitis y epilepsia, pero es mentira. Mi hijo nunca tuvo nada, si lo hubiera tenido lo habrían detectado en las pruebas que le hicieron dos meses antes”, afirma Santos.
La autopsia mostró restos de medicamentos en el cuerpo de Danijoy, aunque la familia niega que tuviera problemas de salud
El caso de Danijoy fue cerrado poco después del deceso, aunque los cabos sueltos de la autopsia y las manifestaciones frente al Centro Penitenciario de Lisboa, apoyadas por organizaciones antirracistas y de defensa de los derechos de los reclusos, forzaron a la entonces ministra de Justicia, Francisca Van Dunem, a ordenar la reapertura del caso en noviembre de 2021.
Investigaciones policiales
Otra situación que dio pie a las quejas de la familia fue que la Policía Judicial portuguesa no acudiese al lugar de los hechos para investigar la muerte, a pesar de ser la encargada de hacerlo en estos casos. Fue la Policía de Seguridad Pública (PSP) la que se personó allí, a pesar de no tener competencias para investigar presuntos homicidios. Algo que ha ocurrido en la mayoría de los fallecimientos registrados recientemente en las prisiones lusas. Según datos recopilados por el Diário de Notícias, de las 303 muertes ocurridas en las prisiones portuguesas entre 2017 y 2022, tan solo seis fueron investigadas por la PJ.
De las 303 muertes ocurridas en las prisiones portuguesas entre 2017 y 2022, la Policía Judicial tan solo ha investigado seis
Vitor Ilharco, presidente de la Asociación Portuguesa de Apoyo al Recluso (APAR), critica la actuación de las autoridades en estas situaciones y lamenta la ausencia de investigaciones serias en muchos de los casos. “Estamos ante un comportamiento pésimo por parte de la Dirección General de Servicios Penitenciarios porque saben que todas las muertes tienen que ser investigadas por la Policía Judicial. Cuando el propio Estado no cumple la ley ante ciudadanos que están bajo su custodia, precisamente por no cumplir con las normas, estamos ante el cúmulo de la perversidad”. La PJ sólo se hizo cargo de la investigación después de que Van Dunem ordenara reabrir el caso.
Muerte natural
Las conclusiones de la investigación de la Policía Judicial, conocidas el pasado 19 de febrero, siguieron con la versión inicial y atribuyeron la muerte a una “cardiopatía congénita”. Los agentes descartaron que terceras personas estuvieran implicadas en el deceso, aunque todavía no se ha publicado el informe final y queda por confirmar las causas de la detección de restos de medicamentos en el cuerpo de Danijoy. Por su parte, la familia ha criticado la tardanza en la publicación de las conclusiones y ha lamentado que se denegara su solicitud para exhumar el cuerpo del reo en busca de nuevas evidencias.
Ilharco sostiene que es difícil dudar de las conclusiones de la investigación, a pesar de los cabos sueltos encontrados durante el proceso. El responsable de APAR sí critica, sin embargo, las pésimas condiciones en las que viven los reclusos en los centros penitenciarios portugueses y las situaciones de maltrato probadas de los guardias hacia los reos, algo que puede llevar a conflictos, peleas y a la degradación de la salud mental de los internos. “Criticamos mucho el modo en que son tratados los presos, que los lleva a estados depresivos que se agravan debido a una mala alimentación y a la falta de cuidados médicos”, asegura el activista. Y añade: “Las celdas están en pésimo estado, sin ventanas y sin higiene. Los reos tienen que tapar agujeros para que no salgan ratones y sigue habiendo casos de sarna, algo que ya no existe en casi ningún lugar del mundo a excepción de las cárceles. Todo esto justifica que Portugal esté entre los países europeos con más muertes per cápita en las prisiones, tanto por causas naturales como por suicidios”.
Agresiones documentadas
El Consejo de Europa ya alertó en 2020 de los casos de abusos y torturas en los centros de detención y en las cárceles lusas. “Hemos recibido acusaciones de maltrato a los reos por parte de los funcionarios de las prisiones consistentes en bofetadas, puñetazos, golpes y agresiones con porras en el cuerpo y en la cabeza”, relata el informe, que añade: “Muchas otras quejas acusan a los funcionarios de entrar en las celdas por la noche para hacer un registro y presuntamente agredir al recluso, propinándole numerosos puñetazos y bofetadas en el cuerpo y en la cabeza”.
“Los presos casi siempre se resisten a hablar cuando ocurren asesinatos. Saben que si lo hacen pueden tener consecuencias”
António Dores, experto en el sistema penitenciario portugués
El sociólogo del Instituto Universitario de Lisboa António Dores, experto en el sistema penitenciario portugués, relata que, más allá de las denuncias de malos tratos, lo más preocupante es aquello que no se dice. “Cuando ocurren asesinatos u homicidios dentro de las cárceles los presos casi siempre se resisten a hablar, porque saben que si hablan pueden tener consecuencias al día siguiente. No hay protección dentro de las prisiones para los reos que delatan los crímenes cometidos allí”, protesta. Ilharco concuerda con este argumento y lamenta que, en muchos casos, las investigaciones son archivadas por falta de testimonios.
Más formación
El presidente de APAR considera necesario mejorar la formación de los guardias de prisiones y aumentar las remuneraciones, que se sitúan por debajo de las de cuerpos policiales como la PSP o la PJ. “Nadie quiere ser guardia de prisiones. Son personas sin cursos superiores, que suspenden en los exámenes de acceso a los cuerpos policiales y que optan finalmente por este trabajo, donde las posibilidades de ser aceptados son mucho mayores. Es un trabajo pesadísimo, en el que se gana el salario mínimo y que requiere de poca preparación”, asegura Ilharco. La escasa formación de los funcionarios provoca más tensiones con los presos y mayores dificultades para resolver conflictos.
Danijoy sufrió la persecución de tres funcionarios, según explica su madre: “El día anterior a su muerte, mi hijo me llamó. Me dijo que un guardia le quería encerrar en una celda de aislamiento y que siempre eran los mismos los que lo perseguían: Paredes, Machado y Santos. Decía que lo golpeaban, que le quitaban la comida… y me pidió que lo sacara de la cárcel. Estaba muy nervioso”.
Al día siguiente, Santos recibió la llamada en la que una mujer, entre largas pausas, le comunicó la muerte de su hijo.
